LA DIANA DEL DOMINGO 15-6-8

El demorado convenio de viviendas

Por Irene Flores

Tras la reunión entre el consejero Rafael Marín y la ministra Corredor parece que no hemos avanzado nada en asuntos tan importantes como la puesta en marcha del tercer convenio de viviendas, por el que el Estado se comprometía a poner 48 millones de euros para la construcción de 600 VPO dirigidas a las clases menos favorecidas económicamente.
El problema de la vivienda sigue siendo acuciante en esta ciudad. Son muchas las casas en mal estado. La necesidad de ir renovando nuestro parque de viviendas en distintas zonas es palmaria. Afortunadamente, el Gobierno local tiene planes para hacerlo en zonas como el Polígono y Cabrerizas, donde en breve comenzarán las primeras promociones, todas ellas pequeñas y en todos los casos encaminadas a ir renovando los muchos inmuebles a punto incluso de derruirse.
La propia demanda de vivienda pública en la misma sociedad municipal, con más de dos mil peticionarios en lista de espera, avala una realidad que todos los melillenses conocemos. Sin embargo, la ministra Corredor no parece enterarse y ni siquiera está al tanto de las reuniones que se mantuvieron con el anterior delegado del Gobierno, tras la firma del tercer convenio de viviendas, para que las nuevas promociones por cuenta parcial del Estado (la Ciudad pone los terrenos y paga los proyectos arquitectónicos), comiencen de una vez a ejecutarse.
Ya lo dijo en este mismo periódico el presidente de EMVISMESA, Juan Antonio Iglesias: Será difícil que el Ministerio pueda llegar a poner una piedra de esas nuevas construcciones antes del 2011, teniendo en cuenta la propia marcha de los trámites que deberían cubrirse antes de llegar a ese punto. Si a esto añadimos la parsimonia inexplicable que se sigue en este asunto por parte del Ministerio y la falta de respuesta desde la Administración central ante una oferta de terrenos que se realizó a finales del pasado año, es posible que el plazo de Iglesias se demore todavía más y que no sea hasta la antesala de unas nuevas elecciones cuando empiecen a ponerse algunas de las primeras piedras de esas nuevas y esperadas promociones.
Desde el 2001, a costa del primer y segundo convenio de viviendas, para los que el Estado aportó 59,7 millones de euros, se construyeron 852 pisos VPO para familias que no superaban en 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Desde que el Gobierno Zapatero llegó al poder, las viviendas construidas con aportaciones el Estado han sido cero. En cambio, las zancadillas, obstáculos y handicaps que iban presentando los socialistas par retrasar, bloquear o imposibilitar ese tercer convenio de viviendas, sí han sido muchos. Baste con recordar las acusaciones iniciales reprochando al Gobierno Imbroda que se hubiera beneficiado, para otros fines políticos distintos a la construcción de viviendas sociales, de ese dinero aportado por el Estado. Estúpido argumento si se tiene en cuenta que esas casas se ceden a sus beneficiarios en un régimen de hipotecas a muy largo plazo, que financia EMVISMESA y que prácticamente no hace posible si quiera recuperar la inversión realizada.
La ministra Trujillo, en su inmemorable paso por el Ministerio, se encargó de impedir la firma del tercer convenio. Lo bloqueó durante años hasta que su sustituta, Carme Chacón, lo firmó a finales del pasado año. Después llegó la oferta de suelo por parte de la Ciudad Autónoma, en el Barranco de Cabrerizas y en la Finca Embarek. Nada se ha avanzado desde entonces, en lo que se interpreta como una clara prueba de desidia y falta de interés del Gobierno socialista por una de las necesidades más básicas de los melillenses. Frente a ello, el Gobierno local se jacta, y con razón, de sus proyectos, que para esta legislatura pasan por construir otras 600 viviendas con recursos propios.
Esperemos que los socialistas locales ayuden a la ministra Corredor a ponerse al día, porque de lo contrario quedará clara que la acusación del PP respecto de la falta de apoyo del Gobierno Zapatero a nuestra ciudad, no es una mera respuesta partidista sino una realidad constatada en hechos como el comentado.
Los 2.400 peticionarios para un total de 80 viviendas como las de García Valiño siguen engordando una bolsa de demandantes, en muchos casos muy necesitados de una vivienda, a los que, por ahora, no les queda más recurso que exigir y protestar ante el Partido Socialista.