LA DIANA DEL MARTES- 10-6-8

LA DIANA

Legalizar la esclavitud

Por Irene Flores

Se avecinan tiempos fatales y no quiero con esto hacer ningún canto al pesimismo o el derrotismo, pero la intención de legalizar jornadas laborales de hasta 65 horas semanales, como se estudia estos días en el seno de la Unión Europea, es un atentado claro contra la posibilidad de avanzar en un mundo más solidario, justo y saludable.
No son sólo los derechos de los trabajadores los que se ven amenazados. Se trata de una opción de vida. Andamos pasando vertiginosamente del Estado del Bienestar al Estado de la Esclavitud y de la mayor desregularización estatal, en beneficio solo del gran capital y no de las economías domésticas ni tampoco de las nacionales.
Es evidente que supone un paso atrás. Que se carga el espíritu del 1 de Mayo, el mismo que consagraron con sus vidas los trabajadores de Chicago que en 1886 reivindicaron una jornada laboral de ocho horas.
Es un sarcasmo y un insulto a la inteligencia. Una jornada laboral de 65 horas no garantiza, como alegan sus defensores, una mayor salud y calidad de vida entre los trabajadores. Más que cargarse la pretendida conciliación laboral y familiar que aún constituye una asignatura pendiente, al menos en nuestro país, lo que hace es institucionalizar jornadas de esclavitud que en ningún caso pueden tener otra consecuencia que la de mermar la salud y el equilibrio psíquico de la población. Basta con realizar una simple cuenta para deducir que restarían once horas para el mínimo descanso imprescindible, la ingesta de alimentos y el aseo personal, amén del tiempo de transporte hasta el centro de trabajo y retorno al domicilio, las horas precisas para atender y limpiar el hogar, preparar la comida y asegurarse la higiene con el lavado y planchado de la ropa a utilizar. Muchas labores que se multiplican para el caso de que haya que atender a menores y que hacen de esas once horas un tiempo ínfimo, imposible de repartir entre tantas obligaciones y necesidades como se deben cubrir.
No sé dónde están los sindicatos, esas mismas organizaciones cada vez más profesionalizadas que en Melilla rayan el paroxismo de la burocratización y la acomodación, gracias a la nutrida casta de funcionarios que aseguran las liberaciones de sus dirigentes.
Tampoco sé dónde están los grupos de izquierda o de centro incluso que apuestan, según dicen, por un mundo más justo y solidario, por una calidad mínima en consonancia con un respeto básico a la carta de Derechos Humanos.
La directiva que pretende aprobar la Comisión Europea se carga de un plumazo la idea de una Europa identificada con el progreso y los avances sociales. Nos retrotrae al siglo XIX y establece un marco económico del que difícilmente podrán escapar los países comunitarios por mucho que rechacen con su legislación la misma directiva. El efecto dumping, el temido juego económico desde ilícitas situaciones de ventaja que acaban reventando el mercado, es una amenaza certera en la Europa actual.
Con independencia de las presiones que puedan ejercer las multinacionales que condicionen su localización o permanencia en un país concreto a que se apruebe la leonina jornada de 65 horas, debemos enfrentarnos también al trasvase entre países de trabajadores europeos a los que se podrá aplicar la legislación laboral de su nación de origen. Es decir, que podremos compartir trabajo con semejantes que por menor salario tengan 25 horas más a la semana en su jornada laboral. No hace falta augurar qué tipo de contrataciones van a proliferar en esas circunstancias.
Son estos tiempos fatales, de temor anunciado por la crisis económica, de escepticismo extremo ante la unidad de acción y la fuerza de la opinión mayoritaria. Tiempos que dejan al aire, hechos trizas y en carne viva los principios mismos de la Democracia.
Andamos construyendo una Europa que blinda los intereses de los grupos económicos, una Europa neoliberal donde sólo prima la plusvalía económica y se ponen en solfa los Derechos Humanos. La nueva directiva aprobada hace unas semanas para retener legalmente durante 18 meses a los llamados “irregulares” o inmigrantes sin documentación legal en el país al que emigraron, ya fue un aviso de los tiempos que se avecinan. Tiempos en los que ni siquiera parece haber opción para la protesta. ¿Realmente estamos todos tan muertos, tan indolentes? Parece que no si vemos la reacción desesperada de los transportistas y los pescadores. Quizás sea preciso que lleguemos al límite.